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Calidad de la Educación Superior: ¿Comenzar de nuevo o mejorar lo logrado?

Prof. Iván Navarro Abarzúa (Dr. Phil.)

No ha sido fácil ni expedito el camino hasta ahora recorrido por el nuevo proyecto de Reforma a la Educación Superior enviado por el Gobierno al Congreso el pasado 4 de Julio: hoy las opiniones se mueven entre la posibilidad de proseguir su tramitación en el Congreso, hasta su eventual transformación en ley, con las modificaciones que pudiese presentar el Gobierno mediante una indicación sustitutiva; o bien, reformular el proyecto, dividiéndolo entre sus tres componentes esenciales (institucionalidad, calidad y financiamiento) y darles un tratamiento por separado, privilegiando la discusión legislativa del o de los que puedan tener un mayor grado de consenso; o, en una tercera posibilidad, derechamente retirarlo de su actual tramitación y elaborar una nueva propuesta.

En un primer análisis, y de prosperar alguna de las dos primeras, que parece ser lo más probable y desde mi punto de vista lo más recomendable, todo indica que el tema del Aseguramiento de la Calidad es el que mayormente se podría consensuar, pero cambiando sustancialmente el diagnóstico y la nueva arquitectura del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que propone el proyecto.

En efecto, si bien es cierto en éste se reconoce los avances del Sistema vigente desde la promulgación de la Ley 20 129 de 2006 que lo creó y de haber generado capacidades que han permitido superar las dificultades de regulación y control que desataron conflictos de interés que el país ha conocido, se propone crear un sistema nuevo y totalmente distinto. No se presta atención al cambio cultural que el actual sistema ha producido en el país, ni se considera el reconocimiento nacional e internacional que nuestro Sistema de Aseguramiento de la Calidad ha alcanzado en un lapso acotado de tiempo, ciertamente con las carencias que son consustanciales a un proceso aun relativamente nuevo en nuestro medio educativo nacional.

El proyecto de ley se centra precisamente en estas carencias para hacer una propuesta que prácticamente reemplaza gran parte de lo existente, en muchos casos sin necesidad de hacerlo: plantea la acreditación como un proceso obligatorio, pero reconoce que solo puede serlo a nivel de instituciones y de aquellas carreras y programas que ya tienen acreditación obligatoria (pedagogías y carreras de la salud), relativizando su propio principio por la consabida imposibilidad de hacerlo con todas las carreras y programas existentes (más de 5000); como consecuencia inmediata de la irrupción de lo estatal en la gestión y control de la calidad, se genera un traspaso de la iniciativa de someterse a procesos de acreditación desde las Instituciones, carreras y programas, como sucede hoy, a la decisión de órganos estatales, que son ahora los que orientan, dirigen y supervisan el proceso; el órgano responsable de liderar el Sistema, que reemplaza a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, estaría compuesto por Consejeros nominados casi exclusivamente por el Gobierno de turno, con un presidente con poderes al interior de este organismo, pero sin una Secretaría Técnica que se haga responsable de los procesos, resultados y complejidades propiamente técnicas de la acreditación; El funcionamiento del Consejo para la Calidad está fuertemente controlado y dirigido por la instancia política, en este caso la Subsecretaría de Educación Superior y su función de control estará sujeto a la Superintendencia que el mismo proyecto de ley crea; se determina que los estándares e indicadores de calidad se formularán en relación con cinco dimensiones que el proyecto establece por ley y en cuya resolución, salvo el rol del CNED, intervienen solo organismos gubernamentales, sin representación explícita de los actores del sistema, sean de la Educación Superior de carácter universitario o técnico profesional, sea de los propios estudiantes, que en la actual propuesta no están representados; en general, en todo el proyecto hay un marcado énfasis en la instalación de instancias de control gubernamental, más influyentes y decisivas que las destinadas a garantizar el mejoramiento de la calidad propiamente tal.

El análisis recién descrito, sin embargo, no desconoce los aportes nuevos que contiene el proyecto de ley del gobierno: entre otros, generar una nueva composición del órgano rector del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, sus mecanismo de gestión, supervisión, orientación técnica y control; el reemplazo de los actuales períodos de acreditación; dar mayor atención a la selección, registro y perfeccionamiento de los Pares Evaluadores; poner mayor énfasis en los resultados de los procesos de aprendizaje; recuperar el concepto de “acompañamiento”, como parte integrante de los procesos de Acreditación; relevar el rol de la enseñanza técnico profesional en este sistema, entre otros.

Mi convicción es que en el componente calidad de la reforma propuesta por el gobierno, no se justifican las condiciones suficientes para un reemplazo total del Sistema de Aseguramiento de la Calidad actualmente vigente, pero si para una modificación profunda de aquellos componentes en que reconocidamente tiene carencias. Como lo propone el proyecto, la actual Comisión Nacional de Acreditación –CNA- debe ser modificada y pasar de una actual composición de carácter corporativista a una más técnica y calificada. Para ello, parte importante de sus Consejeros deben ser seleccionados por la ADP, propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado; el presidente del organismo debe ser nominado por el Presidente de la República y un número de Consejeros deben ser nominados por organismos significativos para el mundo cultural, productivo y científico que tengan incidencia en perfiles profesionales y técnicos de la Educación Superior del país; se debe contemplar una reformulación de los períodos de acreditación, que den mayor estabilidad al sistema y mayor confianza a las Instituciones, carreras y programas que se acreditan; generar procesos permanentes de renovación y análisis de las dimensiones estándares y criterios de acreditación, buscando dar mayor certeza y claridad a los conceptos de calidad que se desea implementar; se deben aplicar plenamente los principios y criterios que el país ha ido y seguirá definiendo para garantizar la fe pública en actividades como la acreditación y el mejoramiento de la calidad.

En suma, sea por la vía de una indicación sustitutiva en que el Gobierno recoja las observaciones que actores calificados han hecho hasta ahora del proyecto de ley, sea por la separación temática del proyecto mismo y su posterior tratamiento, lo que se espera es que no se pretenda partir de cero en materia de calidad, que se confíe más en la capacidad de los actores directos del sistema (autonomía) y no tanto en organismos estatales y que todo ello confluya en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en salas de clases donde están los verdaderos y directos beneficiarios de un sistema de aseguramiento de la calidad.